Por Zobeyda Cepeda,
Especial para Acontecer Digital
http://www.suprema.gov.do/
Por su parte, en la Procuraduría General de la República las mujeres constituyen el 42.0% de las autoridades que dirigen el sistema de investigación y persecución. El 35.0% está compuesto por procuradoras generales, el 41.0% son procuradoras fiscales y el 48.0% fiscalizadoras. Datos según el 6to. y 7mo. Informe presentado al Comité CEDAW de la ONU el 14 de junio del 2011).
Cuando se debate en público sobre participación política y cuotas femeninas, siempre asoma un indocumentado (en masculino, por lo regular es hombre), argumentado que “apoya a las mujeres” y estar de acuerdo con la igualdad pero que las mujeres deben “ganarse” esos puestos.
Utilizo la palabra “indocumentado” porque es la muestra de quien no ha tirado para la izquierda a informarse sobre el porqué de las cuotas y su propósito de equilibrar el disfrute de derechos humanos a través de medidas no previstas por la ley.
El ejemplo es similar para quien se autonombra como “no feminista” o no estar de acuerdo con el feminismo, sin antes al menos “googlear” un poco sus postulados de eliminación de la subordinación de la mujer, la igualdad en los diferentes ámbitos entre hombres mujeres y eliminación hegemónica del hombre como paradigma de la humanidad.
Como ciudadana, no deja de inquietarme el momento clave para nuestra preadolescente democracia, en el que se seleccionarán los jueces y las juezas que integrarán lo que se ha dado en llamar las Altas Cortes.
En el ámbito político partidista las mujeres confrontan obstáculos que alimentan las pugnas machistas por repartirse el poder político, lo que lleva a que ocupen menos cargos públicos y en consiguiente a tener oportunidades de demostrar sus capacidades. Aunque a lo interno del partido hagan el doble o mismo trabajo que sus compañeros.
Sin disfrutar de igualdad de género en el ámbito social pero con igualdad de oportunidades formales para concursar, competir y desempeñar cargos en el tren judicial, las juezas y mujeres fiscales dominicanas han demostrado públicamente sus capacidades y aportes a la administración de justicia y con su trabajo sustentan el Estado de derecho, base de una democracia.
La elección de los jueces y juezas de las Altas Cortes debe de tomar esta imponente realidad en cuenta, amparándose en mandatos constitucionales de: igualdad de derechos entre hombres y mujeres, igualdad de participación en los estamentos de toma de decisiones del Estado y en la obligación de promover una igualdad real y efectiva.
