Quito, Ecuador.- Mujeres jóvenes hacen llamado a gobiernos de América Latina y el Caribe, para invertir en la juventud para encarar los desafíos de la Agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo.
lunes, 9 de julio de 2012
GOBIERNOS DEBEN INVERTIR EN JÓVENES PARA ENCARAR LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO
Quito, Ecuador.- Mujeres jóvenes hacen llamado a gobiernos de América Latina y el Caribe, para invertir en la juventud para encarar los desafíos de la Agenda de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo.
lunes, 7 de mayo de 2012
Personas con discapacidad participan activamente en Feria “Ciudadanía y Derechos” de Unión Europea
miércoles, 18 de abril de 2012
Organizaciones de personas con discapacidad demandan propuestas concretas de candidatos presidenciales

Emplazan a los candidatos a la presidencia de la República a presentar propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de más de un millón 400 mil PcD.
Organizaciones promotoras de los derechos de las personas con discapacidad -PcD-, demandaron del Estado dominicano cumplir con su responsabilidad de implementar la Convención sobre los derechos de las PcD, a la vez que emplazaron a los/as candidatos/as a ocupar la presidencia de la República a presentar propuestas concretas que mejoren la calidad de vida de más de un millón 400 mil personas con discapacidad en el país, y dieron a conocer un pliego de demandas de siete puntos.
La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora “ASODIFIMO”, Centro Bonó, Círculo de Mujeres con Discapacidad –CIMUDIS-, Fundación Dominicana de Ciegos-FUDCI-, Federación Nacional de Discapacitados Dominicanos -FENADID- la Asociación de Ciegos del Cibao, entidades que integran la Red Dominicana de Personas con Discapacidad –RENADERD- y otras organizaciones invitadas, expresaron que a casi cuatro años de entrar en vigencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de la cual es signatario el Estado dominicano, es poco lo que se ha avanzado en el país en cuanto a su implementación.
Entre las demandas las organizaciones citaron la modificación de la Ley 42-00, asignación aumento de la partida presupuestaria en el 2013 para el Consejo Nacional de Discapacidad –CONADIS-, para el Seguro familiar de Salud de las PcD, a fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud, y asegurar el inicio inmediato de las Pensiones Solidarias establecidas en la ley 87-01, sobre Seguridad social. Además demandaron mayor cantidad de recursos para los Ministerios de Obras Pública, Salud Pública y Educación, a los fines de que estos desarrollen programas específicos destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas en las edificaciones existentes y en las que se construyen.
Las entidades también demandaron el inicio, desde las instituciones del Estado, de una jornada de sensibilización en torno al tema de la discapacidad que haga más efectivos los esfuerzos que en tal sentido realizan las organizaciones, con todos los sectores de la población, con especial énfasis en las personas que prestan servicios públicos, procurando el cambio de actitudes en torno a las PcD. De igual forma reclamaron que el Estado provea un servicio de transporte accesible en todas las rutas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses –OMSA-, y el cumplimiento del derecho a la comunicación y la información para personas con discapacidad auditiva y visual.
Las entidades dijeron que es urgente la aplicación de los artículos 20, 24, 25 y 27, referentes a la movilidad, la educación inclusiva de calidad, atenciones médicas con calidad y calidez, y la integración laboral de las personas con discapacidad.
“En la actual coyuntura política electoral queremos expresar nuestra preocupación por la situación de pobreza y exclusión social en la que viven cerca de un millón y medio de personas con discapacidad. Es por ello que entendemos que las autoridades que dirigirán los destinos del país, a partir del próximo mes de agosto, deben anunciar públicamente su compromiso con el sector, presentando propuestas precisas y concretas de cómo harán cumplir la citada Convención.
El llamado de estas organizaciones coincide con las jornadas de promoción de la Convención, en el marco del proyecto “La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Un camino hacia la inclusión social en la República Dominicana, que ejecuta ASODIFIMO junto al Centro Bonó, con la colaboración de CIMUDIS y FUDCI, y con el apoyo de la Unión Europea.
Las agrupaciones citaron un estudio de la Organización Mundial de la Salud –OMS- en el que se estima que al menos un 15% de la población general sufre algún tipo de discapacidad en el mundo, razón por la cual se entiende que en el país, de los nueve millones 378 mil 818 habitantes que existen (datos preliminares del Censo 2010), alrededor de un millón 400 mil dominicanos y dominicanas sufren algún tipo de discapacidad.
Destacaron que en la mayor parte de los casos las PcD están en condición de extrema pobreza, debido a que sus derechos son escasamente reconocidos por el Estado. Esta situación de pobreza se acentúa más cuando se trata de las mujeres, que en su mayoría son jefas de hogar y sufren mayor discriminación.
“Creemos que la aplicación del citado instrumento garantista de derechos es una agenda pendiente que debe ser colocada en la lista de prioridades de los candidatos y candidatas, y del Estado. No es posible que hombres y mujeres con aptitudes y/o perfil para desempeñar exitosamente un trabajo, sigan siendo objetados al momento de postular para un puesto laboral, solo por tener una discapacidad. Conforme al Artículo 27 de la Convención, el Estado dominicano está llamado a incentivar la integración laboral de los ciudadanos y ciudadanas que viven con discapacidad”.
Las organizaciones concluyeron la lectura del comunicado destacando la urgencia de que en la República Dominicana se implemente la Convención, asegurando con ello la participación activa de las personas con discapacidad en todos los espacios de la vida pública.
jueves, 8 de marzo de 2012

Declaración de la Colectiva Mujer y Salud,
Día Internacional de la Mujer 2012
En ocasión del Día Internacional de la Mujer, y a pocos meses del certamen electoral supuesto a representar el compromiso de la nación con los valores de la igualdad y la democracia, resulta oportuno evaluar la situación de la población femenina más allá de pronunciamientos frívolos y demagogias electoreras.
Las mujeres dominicanas hemos sido esforzadas participantes en las luchas por la igualdad de género que caracterizaron la mayor parte del siglo pasado en todo el mundo, y gracias a esas luchas obtuvimos avances significativos en materia legislativa, ingresamos masivamente a la educación superior y al mercado de trabajo, y logramos visibilizar la violencia contra las mujeres como un grave problema social.
Pero estos logros no deben ocultar las grandes limitaciones que siguen lastrando nuestro ejercicio ciudadano. A 70 años de la obtención del sufragio y 30 años de la institucionalización de las políticas de Estado hacia las mujeres con la creación de la Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPM), las mujeres apenas representamos el 9% del Senado, el 21% de la Cámara de Diputados y el 7.7% de las alcaldías, cifras casi tan bajas como el 14% de las carteras ministeriales (y éstas todas en áreas tradicionalmente “femeninas”, como son Educación, Educación Superior y Ministerio de la Mujer).
El escaso compromiso de nuestra clase política con la institucionalización de las políticas de igualdad de género se puede apreciar en el patético 0.08% del presupuesto nacional asignado al Ministerio de la Mujer en el 2010, así como en la absoluta falta de voluntad política para enfrentar con seriedad los aterradores índices de violencia de género.
La escalada en el número de agresiones de pareja y de feminicidios, que nos sitúa entre los primeros lugares a nivel mundial, junto a la epidemia de incestos y violaciones de niñas, constituyen una verdadera emergencia nacional (otras manifestaciones del fenómeno, como las violaciones de mujeres adultas y el hostigamiento sexual, permanecen mayormente invisibilizadas).
En lugar de enfrentar esta crisis con voluntad y presupuestos conmensurables a la magnitud del problema, tenemos una Procuraduría de la Mujer con asignaciones presupuestarias insignificantes que, al igual que el Ministerio de la Mujer, depende de donaciones internacionales para subsistir. En este gobierno como en todos los anteriores, las instancias estatales encargadas de promover los derechos de las mujeres son las pordioseras del sistema.
Otro ámbito que debiera declararse en emergencia nacional es el de la salud y los derechos reproductivos, como atestiguan las 173 muertes maternas reseñadas por las estadísticas oficiales para el 2011 (probablemente subestimadas y casi todas prevenibles), así como el 21% de adolescentes que son madres o están embarazadas. Es en la reducción de esta cifra donde tendría que empezar la verdadera lucha contra la pobreza, aunque carezca del atractivo clientelar de otros programas. Agréguese a lo anterior que esta semana nos enteramos de que por primera vez en nuestro país la tasa de VIH en mujeres supera la de hombres, y que las principales causas de esta situación son la violencia sexual y el desequilibrio de poder en la pareja, que impide a las mujeres negociar el uso del condón.
No podemos, pues, permitir que este 8 de Marzo se celebre con palabrería hueca y triunfalismos baratos, mientras las mujeres seguimos cargando solas con las tareas domésticas y de cuidados, y mientras el machismo caricaturesco que caracteriza la sociedad dominicana siga siendo visto como asunto folclórico.
Esperamos, por el contrario, que este Día Internacional de la Mujer sea ocasión para una reflexión seria y ponderada sobre los logros alcanzados y las metas por alcanzar en nuestra lucha por la justicia y la equidad.